Están guardadas desde 2007 en el ministerio de Seguridad a disposición del Grupo GES, pero hasta ahora nunca se han utilizado.
El Gobierno nacional oficializó ayer la reglamentación para que los miembros de fuerzas de seguridad federal puedan utilizar armas eléctricas no letales, conocidas como Taser. Si bien es una iniciativa del ministerio de Seguridad comandado por Patricia Bullrich, la Policía de Mendoza hace más de 10 años que cuenta con este armamento aunque nunca lo ha utilizado.
Según confirmó a Los Andes el ministro de Seguridad de la provincia, Gianni Venier, la fuerza local tiene 19 pistolas que fueron adquiridas en 2007 y que permanecen guardadas en un depósito oficial. A pesar de que no han sido estrenadas, están a disposición del Grupo Especial de Seguridad (GES) “para incidentes críticos determinados, donde no es conveniente utilizar un arma de fuego, como un caso donde hay una persona resistida, un intento de suicidio o donde hay mucha gente y un disparo de un arma de fuego pueda pegarle a otra persona”, detalló el funcionario.
Venier también aclaró que el Gobierno no tiene previsto hacer una compra masiva de pistolas Taser para la Policía, ya que entiende que su utilización es más conveniente en casos de ciudades densamente pobladas, como Buenos Aires.
“Hace años que las tenemos, pero son caras y además se justifica para las grandes ciudades, con mucha gente, y en situaciones en las que la utilización de armas de fuego podría impactar contra otra persona”, destacó Venier. Se estima que cada arma cuesta unos 3.000 dólares (aproximadamente $ 138.000), mientras que cada munición ronda los 35 dólares ($ 1.600).
El titular de Seguridad reafirmó que comprar más Taser no está previsto, al menos para lo que queda de la gestión del gobernador Alfredo Cornejo, ya que “el actual sistema que planteamos con la Policía está funcionando muy bien”.
A favor
Venier resaltó que las pistolas Taser “son una muy buena herramienta” y felicitó al Gobierno nacional por haber autorizado su uso en las fuerzas de seguridad federales.
Ante la resolución que firmó la ministra Bullrich y que ha generado planteos en algunos organismos de derechos humanos , Venier sostuvo que “no estaban prohibidas” en Mendoza: “Se dijo que eran peligrosas pero es notorio porque se usan en todo el mundo y no son armas de fuego”.
Y atribuyó el hecho de que recién ahora se vayan a implementar en la Nación a “una decisión ideológica, rarísima, que hubo en el gobierno anterior. Pero ya cambió la jurisprudencia al respecto, son menos lesivas que cualquier arma de fuego. Está relacionado con estrategias de prevención o de seguridad”, detalló el minsitro de Seguridad.
La resolución del gobierno nacional autoriza a usar Taser a Policía Federal, Prefectura Naval, Policía Aeroportuaria y Gendarmería, cuyos miembros han sido capacitados y seguirán con las clases, según explicó a radio Mitre el mendocino Enrique Thomas, secretario de Gestión Federal del ministerio de Seguridad de la Nación.
“Es un arma absolutamente efectiva para evitar situaciones violentas, contra una tercera persona o autolesionarse. Le permite al efectivo de seguridad que posee este arma inmovilizar a un atacante, a una persona violenta, por un lapso corto sin producirle mayor daño. Por eso las fuerzas federales que están en Mendoza van a tener acceso a estas armas. Veremos si en el caso de las provincias usarán esta herramienta tan eficaz como arma no letal”, detalló.
Desde hace años, diferentes organismos de derechos humanos han puesto bajo la lupa el uso de este tipo de armas por parte de las fuerzas policiales. En un informe del año 2015, indicaron que si bien reconocían la importancia de utilizar instrumentos no letales, “el empleo de armas eléctricas, entre ellas las pistolas tipo Taser, sigue siendo motivo de alerta para la seguridad y suscita una serie de preocupaciones en materia de protección de los derechos humanos”.
También destacaron que las preocupaciones sobre las armas Taser se deben a que “son susceptibles de ser utilizadas para cometer abusos”. Y a que “suelen utilizarse en circunstancias en las que no hay riesgo de muerte ni de lesiones”, por lo que tienen “motivos de preocupación de naturaleza médica”.
En qué casos se podrán utilizar
A través de una resolución firmada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el Gobierno reglamentó el uso de armas electrónicas no letales, las pistolas Taser, en las fuerzas de seguridad federales.
Se trata de armas de electrochoque, que disparan proyectiles con cables que administran corriente suficiente como para afectar los músculos, principalmente las extremidades, e inmovilizar temporalmente. Según la resolución 395/2019 firmada por Bullrich y publicado ayer en el Boletín Oficial, las fuerzas de seguridad podrán usar estas armas con los siguientes objetivos:
a) Para inmovilizar, proceder a la detención o para impedir la fuga de quien manifieste peligro inminente de lesionar a terceras personas o de auto lesionarse.
b) Cuando deba ejercerse la legítima defensa propia o de terceras personas.
c) Para impedir la comisión de un delito de acción pública.
Aquella compra durante la gestión de Cobos
Hace 12 años, en marzo del 2007, el ministerio de Seguridad adquirió equipamiento “no letal” para la Policía. En ese momento gobernaba el radical Julio Cobos y el ministro era Miguel Bondino, hoy senador provincial también por la UCR.
Dicha compra incluyó 10 carabinas que lanzan municiones de pimienta o pintura y además las 19 pistolas eléctricas Taser x26, que costaron -más equipamiento como cascos y escudos- en total $ 151.000, con un dólar en ese momento a $ 3,10, según publicó Los Andes el 16 de marzo del 2007.
La noticia que publicó Los Andes en 2007.
En aquellos días Raúl Levrino, ex subsecretario de Seguridad y hoy funcionario en Capital, destacaba que las armas estaban aprobadas por el Repar y que estaba comprobado que “no dejan ningún tipo de secuelas”.
Sin embargo, en noviembre del mismo año el Gobierno decidió que, ante las críticas y advertencias internacionales de la ONU, evaluaría su utilización. Así, hasta ahora esas 19 pistolas Taser no se han usado.
Los Andes se comunicó con el ex ministro Bondino para saber en qué contexto se dio esa compra. Sin embargo, el actual senador indicó que podría atender la consulta “en horario de trabajo, de 8 a 13 horas”.
