El proyecto que busca regular que el medicamento se venda en farmacias, llegará al recinto tras obtener tratamiento preferencial en la Comisión de Salud.
El proyecto de ley que pretende regular que el Misoprostol (medicamento para abortar) se venda en farmacias, y así combatir el mercado negro del aborto, será tratado el miércoles en el recinto de la Cámara Baja. La iniciativa de la diputada radical Ana María Andía fue presentada el 10 de agosto en la Legislatura. Sin embargo, el presidente del bloque UCR, Cesar Biffi, debió pedir el tratamiento preferencial con despacho, ante “el cajoneo” del proyecto en la comisión de Salud.
Luego del debate en el que expusieron médicos, farmacéuticos, abogados y ONGs; los legisladores sacaron dos despachos. Uno por mayoría que promueve la derogación de la normativa que prohíbe la venta del fármaco en Mendoza; y el otro por minoría que establece el archivo del proyecto.
De esta manera, este miércoles, todos los diputados se sentarán en sus bancas a debatir si se deroga o no la ley provincial 8116, que hace que Mendoza sea una de las dos provincias en el país que limita la administración de este medicamento al ámbito hospitalario.
“Entiendo que se va a aprobar, porque es un tema que atraviesa a la familia, los partidos políticos, la sociedad”, afirmó la autora del proyecto.
Explicó que con mayoría simple, es decir la mitad más uno, se le dará o no la media sanción.
“Ya contábamos con la firma de 8 de los 11 bloques que había en el momento que presenté la iniciativa, yo creo que va a salir de manera positiva. Obviamente, esto no implica que la votación por bloque sea homogénea”, sostuvo.
La radical argumentó que la iniciativa busca que se le pueda dar la receta a la mujer o brindarle la droga en un centro de salud y que ella haga el consumo en la privacidad e intimidad de su casa.
“No queremos nada por fuera de la legalidad y la reglamentación actual es la que fomenta ilegalidad. Si no hay farmacia o farmacéutico de por medio, nadie puede garantizar que esa droga esté en buen estado, no esté alterada o cumpla con la calidad, como ocurre en los casos de venta clandestina”, aclaró.
La presidenta de la comisión de Salud, Hebe Casado, sentó su posición en contra y manifestó que se está haciendo una banalización del tema.
“Como no está legalizado el aborto, salvo en casos puntuales y en estos casos se cumple bien, no tiene sentido alguno el proyecto”, indicó.
Explicó que en las excepciones avaladas por la ley, el misoprostol está disponible en todos los hospitales y clínicas, y es administrado por quien corresponde que controla los riesgos, contraindicaciones o posibles efectos secundarios.
Ante la afirmación de la Organización Mundial de la Salud, de que el fármaco es seguro y ambulatorio. Casado refutó argumentando que hay que leer la letra chica, y es así, siempre y cuando sea suministrado y seguido estrictamente por médicos en el antes, durante y después a su administración.
“No es sacar fuera de contexto lo que dice la OMS y ponerlo a disposición de la gente que quiere administrarlo en forma libre e indiscriminada. Hay riesgo de hemorragias, de ruptura de útero, e incluso infecciones que pueden costarle la vida la mujer”, aseveró la legisladora del PRO
Farmacéuticos enfrentados
El Colegio de Farmacéuticos de Mendoza manifestó su rechazo absoluto, y fue la diputada Casado quien explicó esta posición.
“Si se hace con receta archivada, será el farmacéutico que vende el responsable si algo sale mal, como por ejemplo, una muerte. ¿Cómo hacen para saber si el sello es válido o no, o si está confeccionada por un médico real?”, dijo.
En la vereda opuesta, está el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB). Marcelo Peretta, es el presidente y puntualizó en que la situación actual de Mendoza es un terrible atraso legislativo y que ya es hora de que se equipare al resto de las provincias del país.
“Que el Colegio de Farmacéuticos no esté de acuerdo, no quiere decir que todos los farmacéuticos piensen igual. Es una decisión individual y si reciben una receta que cumple con todas las cuestiones reglamentarias, no veo el por qué no dispensar el medicamento”, detalló.
“No obstante, podría haber una minoría que plantee objeción de conciencia y así como los médicos, podría haber farmacéuticos que se nieguen a venderlo. Pero insisto, cumpliéndose con las exigencias reglamentarias, la mayoría de los médicos y farmacéuticos, deben cumplir sus obligaciones de profesionales sanitaros”, finalizó.
