Unos 1.600 empleados y productores esperan una pronta solución para no caer en un conflicto social.
Desde que el titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 1, Alberto Alemán, decretara la quiebra de la conservera Alco-Canale, es dramática la situación por la que atraviesan quienes trabajaron en las tres plantas industriales que poseía en Mendoza, y también la de quienes vendían su producción a la empresa.
Se agrega al difícil cuadro de situación un número importante de proveedores que quedaron sin cobrar una abultada suma, lo que el magistrado también deberá resolver.
Nadie en la provincia dice nada o se muestra algún tipo de respuesta a los sectores involucrados, salvo el juez desde Buenos Aires, quien recientemente envió a un representante para reunirse con trabajadores, productores y proveedores.
Al cónclave fueron invitados intendentes del Valle de Uco y del Oasis sur, además de funcionarios del Gobierno provincial y legisladores. Estos últimos fueron los únicos que concurrieron, con ausencia total de funcionarios del Poder Ejecutivo.
El enviado del juez se reunió con los intendentes Martín Aveiro, de Tunuyán y Gustavo Soto, de Tupungato, e integrantes de la Comisión de Asuntos Sociales y del Trabajo de la Cámara de Senadores. Con ellos, el funcionario de la Justicia dio detalles de la causa que tiene en sus manos Alemán.
El encuentro se concretó en Tunuyán y sirvió para que se despejaran dudas del complejo proceso de quiebra y las acciones que lleva adelante el magistrado para resolver lo antes posible el destino de 1.200 empleados de las plantas de Tupungato, Tunuyán y Real del Padre (San Rafael).
Sobre el destino que podría tener el complejo industrial, se informó que Alemán ha dispuesto el próximo primero de noviembre como plazo para presentar propuestas de quienes estén interesados en alquilar o comprar las tres plantas.
A propósito, el veedor judicial le explicó a la nutrida concurrencia que hay ya cinco firmas muy importantes de nuestro país que se han reunido con el juez y estarían presentando el material que el juzgado necesita para tomar decisiones sobre propuestas concretas.
Todos los participantes de la reunión mostraron preocupación por dos cuestiones: la liquidación total del complejo conservero o su continuidad con otra firma que asegure las fuentes de trabajo.
Por otro lado, la resolución de la abultada deuda de alrededor de $750 millones, de los cuales $600 millones se adeudan a organismos del Estado nacional, como la ANSES y la AFIP, además de cargas sociales y créditos con el Banco Nación.
Al término de la reunión no fueron pocos los que se preguntaron qué pasará si el 1 de noviembre no se presenta ninguna propuesta para alquilar o comprar las plantas de la conservera en Mendoza. Esto motivó, con lógica, interrogarse si el Gobierno provincial tiene un plan B, una pregunta que no se pudo responder ante la ausencia de funcionarios del área de Economía y Agroindustria.
Por esto, la reunión concluyó con sensación de angustia para una masa importante de mendocinos que producían desde el campo los productos que envasaba Alco-Canale. Sobre todo, para los más de mil empleados que tienen muchas expectativas de que las tres plantas operen en la próxima temporada.
La quiebra de la conservera y la falta de una rápida salida de la grave situación ponen a la provincia en una realidad social y económica difícil. Porque no hay pulmón que pueda absorber la mano de obra que dejaría Alco-Canale y porque el daño a la producción primaria, que ya tiene listos frutos y hortalizas, no contaría con compradores de la envergadura que tuvo la empresa en quiebra.
Por esto no son pocos los que tratan de no imaginar un conflicto social en los oasis del Valle de Uco y del Sur, como también en las rutas que los comunican, salvo que haya compradores de las fábricas en crisis o exista un plan B del Estado provincial.
