Por otra parte el abogado de Cristina aseguró que en “ninguno de los domicilios hay bóvedas ni documentos ilícitos”.
El juez federal Claudio Bonadio analizaba ayer elementos secuestrados en los allanamientos a las tres propiedades de la expresidenta Cristina Fernández realizados la semana pasada, en el marco de la llamada “causa de los cuadernos”. En los tribunales de Comodoro Py se espera que en los próximos días el juez se expida sobre la situación procesal de los imputados en la causa. La expectativa se centra en la determinación que tomará Bonadio en los próximos días sobre la actual senadora nacional. Se especula que el juez dictará el procesamiento y la prisión preventiva de Cristina Fernández: Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli la acusan de encabezar una asociación ilícita que recaudaba dineros de empresarios contratistas del Estado. La posibilidad de que el Senado vote un eventual desafuero de Cristina, al menos en tribunales, está puesta en duda.
La causa de los cuadernos arrancó su quinta semana no sin polémicas. “Se filtró a la prensa, como es costumbre, datos absolutamente falsos: en ninguno de los domicilios hay bóvedas ni documentos u objetos que puedan tener una procedencia ilícita”, afirmó ayer Carlos Beraldi, uno de los abogados defensores de la expresidenta.
Beraldi ya había denunciado el jueves pasado que el juez Bonadio le impidió asistir al allanamiento del departamento de Cristina Fernández en el barrio porteño de La Recoleta.
El abogado realizó un descargo por medio de la red social Facebook. Allí denunció que, en el caso puntual del allanamiento de la casa en El Calafate, no se preservó “la cadena de custodia de las cosas requisadas” y que a la defensa le resulta imposible saber “si se planta cualquier tipo de prueba falsa”.
Pero Beraldi realizó otra denuncia: dijo que el día después del allanamiento en La Recoleta, hubo tres personas enviadas por Cristina Fernández limpiando y ordenando el departamento requisado.
“Una vez en el interior del deparmento, cuando estaban ordenando la ropa y limpiando los estantes en el vestidor del dormitorio de mi representada, sintieron mareos, fuerte picazón en la garganta y los ojos y dificultades para respirar”, escribió el abogado.
“El domingo 26 de agosto concurrieron a la guardia del Horspital de Clínicas. Luego de efectuarse los controles médicos de rigor, se constató que las dolencias padecidas tienen como origen un tóxico de contacto”, agregó.
El hospital universitario confirmó la atención de las tres personas “con síntomas de irritación en vía aérea superior, piel y mucosas”.
Otro abogado de Cristina Fernández, Gregorio Dalbón, en declaraciones a Radio 10, dijo que no creer “que hayan querido atentar contra la vida de la expresidenta”, pero añadió que “si alguien puso un producto que pueda a dañar en lugares donde habitualmente usados como los cajones donde guarda su ropa, un poquito de maldad hubo”.
Néstor Roncaglia, jefe de la Policía Federal, negó que se haya usado “ningún tipo de químico”.
Se agrava la situación en varias causas del financista Ernesto Clarens
Ernesto Clarens, el hombre que conoce los números que rodearon muchas operaciones financieras vinculadas Néstor Kirchner y Lázaro Báez, no logra convencer al juez Claudio Bonadio para convertirse en un imputado colaborador en la causa de los cuadernos de la corrupción. Fuentes judiciales aseguraron que aún no proporciona toda la información necesaria para ser considerado un “arrepentido”. En paralelo, su situación se complica en la causa de la “ruta del dinero K”: el juez Sebastián Casanello libró una serie de exhortos a raíz de un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre millonarios movimientos de fondos en el exterior. Vinculado a esto, la abogada Silvina Martínez aportará información sobre operaciones actuales de Invernes, la principal financiera de Clarens.
Para Bonadio, el testimonio del financista no es todo lo contundente que podría ser, teniendo en cuenta su rol determinante en operaciones financieras millonarias y que se investigan en otros expedientes, como en la “ruta del dinero K”, la causa en la que Lázaro Báez está procesado por haber lavado 60 millones de dólares. La Justicia determinó que ese dinero tuvo como origen la obra pública que Cristina Kirchner le adjudicó en el sur al empresario K.
Allí, el financista vinculado a Néstor Kirchner y Báez está imputado por lavado de dinero, pero en el expediente de los cuadernos de las coimas se lo acusa de ser partícipe necesario de la asociación ilícita que recaudó fondos ilegales con el kirchnerismo.
Ernesto Clarens fue a los tribunales de Comodoro Py dos veces para ampliar su declaración indagatoria. La primera duró más de cinco horas, pero su contenido no convenció al juez para validarlo como imputado colaborador. La segunda vez, el viernes pasado, el financista habló sobre el entramado financiero en el que se movieron las coimas que ex funcionarios cobraban a empresarios de la construcción y del sector energético. Allí confirmó que en bolsos o valijas, el dinero “iba siempre al sur”, pero para Bonadio esos detalles tampoco fueron suficientes hasta ahora.
Por la prueba acumulada en diversos expedientes que tramitan en Comodoro Py, la justicia sabe que Clarens es una pieza clave en la estructura financiera que rodea a los Kirchner y a Lázaro Báez.
