Además, el juez Ercolini tomó la misma medida con Lázaro y Martín Báez, Osvaldo Sanfelice, Víctor Manzanares, entre otros.
Cristina Kirchner fue procesada junto a sus hijos, Florencia y Máximo, por lavado de dinero en el marco de la causa que investiga las operaciones de Hotesur. El juez Julián Ercolini los consideró partícipes de una presunta asociación ilícita de la que formaron parte Lázaro y Martín Báez, Osvaldo Sanfelice, Víctor Manzanares y Romina Mercado; que también recibieron la misma medida judicial junto a otros 17 imputados.
Además de ordenarle el procesamiento, el magistrado estableció un embargo de 800 millones de pesos para la familia Kirchner y a cada uno de los imputados, según el fallo judicial de 439 páginas. Para el juez son “coautores penalmente responsables del delito de lavado de activos”.
En el caso Hotesur se investiga una supuesta maniobra de lavado de dinero proveniente de sobornos de contratistas de obra pública, como del empresario detenido Lázaro Báez. Para los investigadores judiciales, los sobornos se habrían pagado a través de la simulación de alquileres de habitaciones del hotel Alto Calafate, administrado por la firma Hotesur, de la familia Kirchner.
La causa se inició en noviembre de 2014 por una denuncia de la entonces diputada nacional Margarita Stolbizer, mientras que la expresidenta había sido indagada por estos hechos en noviembre del año pasado.
Según estableció Ercolini, los procesados habrían formado parte de un “complejo entramado societario” que se desarrolló con el fin de poner en circulación en el mercado parte de las ganancias obtenidas como consecuencia de la defraudación al Estado nacional cometida a través de la adjudicación irregular de la mayor porción de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz.
“Los acusados realizaron diversas operaciones comerciales mediante las cuales se canalizaron los fondos en forma regular desde las empresas de Báez adjudicatarias de dichas obras y sus vinculadas, a Valle Mitre SA; fundamentalmente a través de la actividad hotelera”, señaló el magistrado.
En marzo, el juez Ercolini dispuso la intervención de Hotesur SA y designó como interventora por el plazo de seis meses a Raquel Moyano, quien está a cargo de la Sucesión del expresidente Néstor Kirchner, y a “un contador público”. El magistrado justificó su decisión basándose en el hecho de que la empresa quedó acéfala tras la renuncia de las directoras Romina de los Ángeles Mercado y Rocío García en noviembre de 2017, y “en la ausencia de libros contables”.
El procesamiento de hoy es el tercero contra la Cristina en causas vinculadas con supuestos delitos de corrupción: el primero fue en la causa por el supuesto direccionamiento de la obra pública en favor de Lázaro Báez, y el segundo en el caso conocido como Los Sauces, que tiene las mismas características que Hotesur.
Además, está procesada por las supuestas irregularidades en la operatoria con dólar futuro en el final de su mandato y por la firma del Memorándum de Entendimiento entre Argentina e Irán en el marco de la investigación del atentado a la AMIA.
