Por iniciativa de Noelia Barbeito (FIT), la cámara alta discutirá en comisiones la guía técnica para atender a mujeres violadas o enfermas.
El Senado debatirá la posible adhesión de Mendoza al protocolo sobre el aborto no punible y ahora el gobierno de Alfredo Cornejo se muestra a favor de que avance hacia una ley.
Así lo señaló la ministra de Salud, Elisabeth Crescitelli, quien confirmó a Los Andes que el Ejecutivo dará “todo el apoyo necesario” para acompañar ese debate.
“Me alegro muchísimo que se produzca este debate, porque sé que será serio. Y se puede lograr un muy buen protocolo, que puede ser el nacional o el que se haya dado en alguna otra provincia”, destacó la ministra.
Lo llamativo es que el debate que se iniciará en la cámara alta no surge desde el oficialismo. Ayer el Senado aceptó el pedido de Noelia Barbeito (FIT), de discutir la posibilidad de que Mendoza adopte la “guía técnica para la atención integral de los abortos no punibles del Programa Nacional de Salud Sexual”.
Es un proyecto que Barbeito ya planteó en 2012, que tuvo aprobación en Diputados, pero no avanzó en Senadores.
Llamativo también es que hasta ahora, el Gobierno no había mostrado signos de avanzar en esta adhesión.
La ex ministra del área (hoy diputada nacional) Claudia Najul, había evaluado emitir una resolución al respecto, pero dejó el cargo sin concretarlo.
Y hace unos días, la propia Crescitelli declaró que la idea era no avanzar en ese sentido, hasta que se modifique el Código Penal (hoy en plena discusión). Más teniendo en cuenta el inminente tratamiento nacional de la despenalización (o no) del aborto.
“Jamás he estado en contra de discutir la adhesión al protocolo”, dijo ahora la ministra, que recordó que “hace apenas dos meses” asumió en Salud, y quiso explicar las razones de aquellas declaraciones.
“En estos días ha habido hechos muy fuertes, como la reforma del Código y la nueva discusión sobre el aborto. Emitir una resolución (para el protocolo) quedaría muy debilitada frente a semejantes temas”, señaló. Lo dijo entendiendo que como una resolución es un acto administrativo, “puede derogarse con otro acto administrativo”.
En tal sentido consideró: “Una ley queda firme. Si se aprueba en la Legislatura, la fuerza que tendrá el protocolo, hará muy difícil que se dé marcha atrás”.
Discusión en comisiones
El pedido de Barbeito implica el tratamiento “con preferencia” en las comisiones de Género, de Salud y en la de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC). La iniciativa contó con el apoyo de todos los bloques legislativos, incluido el oficialismo radical.
“La semana que viene lo trataremos en Género”, confirmó la presidenta de esa comisión, la radical Daniela García. “Está bien que el tema se discuta, porque es la forma que tiene para avanzar”, siguió.
Semanas atrás, Barbeito fue al Ministerio de Salud junto a otras legisladoras del FIT pidiendo una resolución de adhesión al protocolo. “No hace falta una ley, con la resolución alcanza”, dijo ese día. Si bien las respuestas públicas del Ejecutivo no alentaron esa posibilidad, su insistencia legislativa podría darle resultados.
Al menos así lo insinuó Crescitelli. “Ojalá sea aprobado en la Legislatura”, señaló esta vez la ministra.
