X
    Categorías: Mendoza

La Legislatura está paralizada a la espera del debate por el Presupuesto

En total, durante todo el año el incremento es de 24,5%; ese mismo porcentaje de suba percibirán los diputados nacionales.

Será en febrero y no saldrán proyectos de gran envergadura hasta que no haya aprobación de la pauta.

periplo presupuestario copó la agenda legislativa a fines de diciembre, y lo seguirá haciendo varios días después del receso de verano que finalizó el domingo. Es decir que no habrá proyectos rimbombantes hasta que no haya Presupuesto, y es probable que esta semana incluso se suspendan las sesiones.

Ayer, luego de dos semanas de vacaciones, la Legislatura provincial retomó la actividad, pero a medias, ya que, al margen que no habrá proyectos importantes, es probable que tanto senadores hoy como diputados mañana decidan no llevar a cabo la sesión de tablas de rutina, por la falta de temas a tratar. 

De hecho, el senador oficialista Alejandro Diumenjo destacó que las conversaciones por la “Ley de Leyes” prácticamente se están llevando la agenda, y que esta discusión se podría retrasar por lo menos por dos semanas, por la falta de acuerdos y las posiciones lejanas que tienen entre el radicalismo y el principal partido opositor, el frente de Todos. Además, en el oficialismo destacaron que al estar el personal legislativo de receso hasta febrero, tampoco se llevarán a cabo la mayoría de las reuniones de comisión. 

En el oficialismo no hay otro tema en la cabeza de legisladores y legisladoras que no sea el Presupuesto: “Todo está atado a eso, y a la decisión del PJ de acompañar el plan de obras”, repiten una y otra vez entre ministros y nombres de peso en la Casa de las Leyes.

Proyectos en pausa

A la consulta sobre cuáles iniciativas quedaron en el tintero desde el año pasado y sobre las cuales había intención de motorizar este 2020, la respuesta fue la reiteración de las anteriores. 

Desde donde se levantó la mano para hablar de propuestas, fue desde el Frente de Todos-Partido Justicialista, precisamente el bloque en la Cámara Baja. Los temas sobre los que se ha trabajado y se quiere avanzar son varios, en donde el recurso hídrico tiene más protagonismo.

Buscan combatir la sequía reutilizando pozos de agua que en la actualidad no se usan a través de iniciativas presentadas por Sergio Marinelli, actual Superintendente de Irrigación (UCR), y Jorge Tanús, ex diputado por el PJ .

Ya hubo reuniones con regantes y productores de las que participaron representantes de Cambia Mendoza y del PJ. Hay un principio de acuerdo para acelerar su trabajo en comisiones para darle tratamiento.

Marisa Garnica propone un incentivo en la tarifa eléctrica a regantes que utilicen tecnología que permita el uso responsable y óptimo del agua. La propuesta solicita que se adicione al subsidio agrícola del Fondo Provincial Compensador de Tarifas. La diputada también presentó una iniciativa para que se autorice al Poder Ejecutivo a solicitar créditos para la tecnificación de los procesos de riego.

Negociación dilatada

El Partido Justicialista está jugando una carta importante en la larga negociación con el oficialismo por la deuda de U$S 300 millones para obras públicas. A sabiendas de que es prácticamente la única vez en el año que quizás el gobierno de Rodolfo Suárez necesite de sus votos en la Legislatura, intentarán discutir de la mejor manera con esa carta bajo la manga. No obstante, se espera que recién hayan acuerdos recién para dentro de dos semanas, es decir, casi a mediados de febrero. 

Con un panorama complejo a nivel económico, los intendentes peronistas están interesados en lo que podría tocarles a ellos en un eventual reparto de obras, en base a la baja posibilidad de realización de trabajos por parte del propio municipio. De hecho, la difícil situación atraviesa a todos los partidos: en San Rafael, producto de la baja en la recaudación, el intendente, Emir Félix, decidió suspender la Vía Blanca de las reinas de la comuna para hacer una “Vendimia austera”. 

Además de esa negociación, el PJ también puso el ojo en los lugares de los organismos de control que el ex gobernador, Alfredo Cornejo, no “repartió” a la oposición, y que en el peronismo pretende recuperar, tales como el Casino, el EPRE, y el EPAS, entre otros. Hay que destacar que estos son puestos políticos y de exclusiva elección del Gobernador, pero que en algunas oportunidades, como “señal” se han otorgado a la oposición.

Otra de las acciones que actualmente están siendo estudiadas por el seno del PJ es la cantidad de endeudamiento que se aceptará. En el radicalismo aseguran que los U$S 300 millones valdrán para obras durante toda la gestión de Suárez, pero la oposición entiende que aceptar “todo” implicará que el año que viene quizás no necesiten de ellos para poder negociar. Por ese motivo, se espera que se hable sobre “obras en particular” más que un monto en sí, para evitar la chance de que el radicalismo tenga una “carta blanca” y así poder negociar año a año sobre el endeudamiento.

El PJ pide citar al titular de Vialidad

El peronismo ahora puso en foco la polémica en Vialidad Provincial, en la cual el Tribunal de Cuentas, y también la Fiscalía de Estado, investigan el manejo de fondos públicos en gastos propios, por parte de algunos funcionarios y empleados de la gestión radical, que hoy conduce Oscar Sandes.  

De hecho, Lucas Ilardo y Florencia Canali, senadores del Frente de Todos, pidieron que se cite a Sandes a la Legislatura para que responda cuestiones sobre este tema, y también propusieron, mediante un proyecto, la constitución de una comisión de Investigación y Control de Gastos y Contrataciones de la Dirección Provincial de Vialidad con el objetivo de controlar e investigar los “posibles incumplimientos de carácter contable y administrativo”.

En este sentido, Ilardo informó que se reunieron con el sindicato de Trabajadores Viales (Sitravi), cuyo titular es Claudio Díaz, ex legislador peronista, quien otorgó parte de la información sobre posibles irregularidades.

En los fundamentos de la norma, citaron al informe del Tribunal de Cuentas, en el cual se habla de una “falta de acreditación de la prestación del servicio para la institución”, sobre todo con gastos en fines de semana o en horarios fuera de lo habitual, “a consumidor final, sin vinculación alguna a una comisión oficial del organismo”. 

Comentarios

comentarios

Artículos Relacionados
Leave a Comment