El proyecto ingresó el viernes en la Cámara de Senadores. Una oficina que centralizará las actuaciones de todos los ministerios.
El Poder Ejecutivo provincial, en el marco de una mejora en el funcionamiento del Estado, envió al senado provincial un proyecto de ley para la creación de la oficina de sumarios, tendiente a establecer el régimen general y disciplinario para la administración pública.
Según indicaron desde el Gobierno, un trámite sumarial podía llegar a demandar hasta diez años y con la creación de esta oficina la intención es disminuir considerablemente los tiempos para hacer las sanciones efectivas o no, según corresponda.
Hay que recordar que la creación de este organismo ya había sido anticipada por el gobernador Alfredo Cornejo durante la asamblea legislativa del pasado 1 de mayo, donde enfatizó la necesidad de que se garantice una tutela administrativa efectiva.
De hecho, Dalmiro Garay dejó el proyecto listo, antes de dejar su cargo para ocupar su lugar en la Suprema corte de justicia.
Centralizar el trámite
En este proyecto de ley se deroga todo el capítulo referido a disciplina del Estatuto del Empleado Público. Es así como se reemplaza por un nuevo sistema, en el cual la Oficina General de Sumarios estará conformada por abogados del Estado.
La sanción de esta ley permitirá establecer la oficina y regular todo el procedimiento sumarial que tenía grandes deficiencias en el Estatuto, por datar de 1973, y será aplicable al personal de planta permanente comprendida en este estatuto.
Además, durante la revisión los plazos serán más claros, con mayor certeza en las etapas del sumario, lo que le otorga garantías no solo al sumariado sino también al administrado ya que cuando haya una falta administrativa el funcionario o agente que la cometa será sancionado.
La centralización de las faltas administrativas en la Oficina General de Sumarios permitirá transparencia, celeridad en la resolución de los sumarios y mayor profesionalismo, al contar con abogados – se estima que serían unos 10- abocados solo a dicho tema y por ello, no será necesario el trabajo de las oficinas jurídicas de cada ministerio o secretaría.
Actualmente, los sumarios estaban en las oficinas legales de cada uno de los ministerios. Estos se sumaban a los trabajos habituales de las mencionadas oficinas, dilatando las posibilidades de una rápida resolución.
Además, muchos de estos casos debían ser resueltos entre compañeros de trabajo, lo que tornaba la situación incómoda para las dos partes.
“Vamos a centralizar los procedimientos en una oficina constituida por abogados de planta permanente, que cuenten con al menos cinco años en el ejercicio de la profesión. Lo bueno de esto es que van a estar exclusivamente dedicados a resolver los conflictos. Esperamos que se logren plazos más explícitos y se apunta a una celeridad general”, explicó el ministro de Gobierno Lisandro Nieri.
Otra de las novedades que intentará introducir esta medida, que ingresó a la Cámara Alta el pasado viernes, es darle mayores garantías al sumariado, porque habrá una instancia de pre sumario para determinar si efectivamente la falta amerita iniciar un proceso legal. “Las sanciones se van a establecer en función de la falta”, explicó Nieri.
Las sanciones
Respecto de las sanciones, vale decir que las de apercibimiento y de suspensión de hasta 5 días serán aplicadas por el jefe superior inmediato del agente; aquellas superiores a cinco días serán aplicadas por el ministro o secretario de la jurisdicción respectiva; y las sanciones de cesantía y exoneración serán aplicadas por el poder ejecutivo, es decir, por el gobernador. En tanto, los entes descentralizdos o autárquicos, será la autoridad superior del mismo quien aplique todas las sanciones.
También es importante aclarar que en el caso de cesantía y exoneraciones, el proyecto de ley contempla la posibilidad de rehabilitación luego de transcurrido un plazo de cinco y diez años respectivamente.
Para terminar, resta señalar que aunque aún no se ha determinado qué espacio físico ocupará, Nieri informó que estará bajo el ámbito del ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia y estará integrado por la cantidad de agentes que la reglamentación determine.
¿Trabajadores más vulnerables?
Para el representante del Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados (SITEA) Federico Lorite, la intención es centralizar los procesos de sumarios en una oficina de recursos humanos para resolverlo arbitrariamente.
“Antes cada ministerio llevaba en la oficina de legales los sumarios en una junta que intervenía un representante del personal elegido por asamblea por los trabajadores. Eso lo sacaron ahora, quedando mayoría del ejecutivo”, destacó Lorite.
Además, agregó que el proceso puede llegar a resultar tendencioso. “Quiere decir que si no te llevás bien con tu jefe o no le gusta tu cara te sancionan. Lo mismo si sos delegado, activista. Termina siendo por la cara o el perfil”, señaló.
Por otra parte agregó que el antecedente de esto son los concursos, ya que se “borró” el representante directo del personal. “El ejecutivo tiene mayoría en las juntas, o sea, son quienes terminan definiendo los ingresos al Estado”, advirtió Lorite.
