Es para que se eliminen varios artículos del decreto 530, a través del cual el Gobierno ha decidido “reorientar” los subsidios de los institutos de educación superior de la provincia, entre otras medidas. La acción de constitucionalidad recayó, una vez más, en la Sala Segunda del alto tribunal.
A pesar de haber perdido la batalla respecto del ítem aula, el gremio de los docentes inició otra cruzada ante la Corte provincial para tratar de anular un decreto de Alfredo Cornejo.
En efecto, el SUTE presentó este jueves una nueva acción de inconstitucionalidad, ahora contra el decreto 530 de este año. En ese decreto se fijan una serie de cambios importantes para los institutos de nivel superior que dependen de la Dirección General de Escuelas.
La nueva batalla judicial no tiene que ver, como la anterior, con el salario de los maestros y profesores. El gremio conducido por Sebastián Henríquez pretende ahora que la Corte deje sin efecto numerosos artículos y anexos del decreto 530 porque “esta nueva normativa viene a reglamentar el régimen de gobierno, la vida institucional y educativa de la Educación Superior no Universitaria de manera unilateral por parte del Poder Ejecutivo Provincial, vulnerando además derechos políticos y electorales de los trabajadores de la Educación”.
El SUTE considera directamente que el nuevo decreto de Cornejo es “un ataque a las libertades académicas y los derechos humanos”.
Básicamente, el decreto 530 del Gobierno establece cambios importantes en los institutos de educación superior de la provincia. Impulsa las “carreras prioritarias” y “reorienta” los subsidios, para darlos en unas áreas y quitarlos en otras.
MDZ anticipó la movida de la DGE a principios de este año. La ejecución del decreto quedó en manos de Emma Cunietti, una funcionaria que cambió de trabajo en la reestructuración del Gobierno Escolar: de subsecretaria de planeamiento, pasó a ser, precisamente, coordinadora de Educación Superior, un cargo nuevo.
La propia Cunietti explicó hace poco más de un mes otros cambios del decreto 530, como el ingreso por concurso por oposición y antecedentes para docentes de nivel Superior, la elección del rector en forma directa, la regularización para revalidar la titularidad y el armado de consejos directivos como junta de disciplinas, entre otros temas.
El director general de Escuelas, Jaime Correas, remarcó, por su parte, que la deserción en los institutos de nivel superior era causal de la nueva normativa.
“En 2014 se matricularon 7.302 estudiantes en carreras de formación docente y, en el año 2017, cuando estos alumnos debían estar en condiciones de rendir en el Operativo Enseñar, sólo cumplieron con las condiciones 880 alumnos. Es decir, sólo el 12 por ciento logró la continuidad en el sistema“, sintetizó Correas.
De todos modos, debido a la acción de inconstitucionalidad del SUTE, nuevamente será la Justicia la que deberá convalidad con un fallo una política educativa del gobierno de Cornejo.
El primer round lo ganó rotundamente el Ejecutivo. Los siete ministros de la Corte avalaron hace poco la constitucionalidad del ítem aula y sólo uno de ellos tuvo disidencias parciales con la medida que dinamitó las huelgas gremiales de los docentes.
El SUTE decidió que apelaría esta decisión ante la Corte Nacional. Mientras tanto, comenzó otra vez a batallar contra Cornejo en la Justicia provincial por el nuevo decreto, demanda que recayó de nuevo en el mismo lugar que la anterior: la Sala Segunda del alto tribunal mendocino.
La causa del ítem aula estuvo dos años en esta sala, donde parecía que había viento a favor para el gremio. Pero el pedido oficial para que el caso se resolviera en plenario cambió el juego y le facilitó a Cornejo su primera victoria judicial contra el SUTE.
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