Se trata de la guía sanitaria para aplicar en el caso de las mujeres violadas. Esa iniciativa ya se debate en el Senado y llegaría al recinto el mes que viene. En cambio, la legalización de la interrupción del embarazo no se votará hasta junio en la Cámara de Diputados de la Nación.
El Senado mendocino votaría la guía sanitaria para la aplicación del aborto no punible antes de que la legalización del aborto llegue al recinto en el Congreso Nacional.
Son dos temas distintos, pero enlazados por la misma polémica y la grieta que genera la interrupción del embarazo en la Argentina. En Mendoza se ha propuesto adecuar a la Provincia a un fallo de la Corte Nacional de 2012 para los abortos en casos de violación. En Buenos Aires, en cambio, un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados debate directamente la legalización del aborto.
Este domingo, en Mendoza, varias agrupaciones salieron a la calle para quejarse y no hicieron distinciones: se expresaron en contra del debate del Congreso, pero también contra el protocolo que discute la Legislatura.
En este sentido, hay que decir que el protocolo provincial se votaría en el Senado el mes que viene, después de que se haga un plenario de comisiones. En el Congreso Nacional, en tanto, la legalización del aborto llegaría al recinto recién en junio.
Aunque todo avanza de a poco en la Legislatura, hace unos días, se produjo una novedad importante: los senadores radicales acordaron que no le van a poner trabas al tratamiento del proyecto provincial.
La reunión del oficialismo fue relevante, ya que los radicales son mayoría en la Cámara Alta. Sin embargo, hubo varias ausencias. Y además, no oponerse al debate no equivale a apoyar el proyecto: hay legisladores oficialistas que no están de acuerdo y que, al final, votarán en contra.
Incluso hay legisladores que planean que este martes el Senado emita una declaración a favor de las marchas contra el aborto que se realizaron este domingo.
En el bloque de senadores de la UCR dicen, de todos modos, que el protocolo tendría los votos necesarios para ser aprobado. Lo votarían radicales, legisladores del FIT (el debate se origina, precisamente, en un proyecto de la senadora Noelia Barbeito) y del peronismo, en una suerte de alianza transversal a favor de la iniciativa.
El PJ, vale decir, también está dividido en este tema.
Sin debate en Semana Santa
A pesar del optimismo de los impulsores del proyecto mendocino, el avance es lento y con jugadas muy calculadas. A comienzos de marzo se desarchivó el expediente de Barbeito. Después empezaron las negociaciones para tratarlo.
El próximo paso será la convocatoria a un plenario de comisiones ((Legislación y Asuntos Constitucionales, Género y Salud), para evitar que el expediente se pasee meses por distintas oficinas de la Legislatura.
Se discutirá, de ese modo, de una sola vez el proyecto. Pero no ahora. Según prometen en el radicalismo, ocurrirá dentro de dos semanas, por lo menos, para evitar que el debate legislativo coincida con Semana Santa.
Los impulsores señalaron que quieren evitar que alguien se sienta ofendido o agraviado por el tratamiento de este proyecto en medio de la celebración religiosa. Pero también lo hacen para evitar mayores presiones de quienes quieren evitar que se sancione el protocolo.
A nivel nacional había planteado lo mismo la diputada Elisa Carrió, aunque en su caso, el pedido no tuvo éxito y el plenario de comisiones que discute la legalización del aborto empezó a sesionar igual.
La grieta del aborto
Varios senadores quieren que la legislación mendocina se adecue a un fallo de la Corte Nacional de 2012. Aquella sentencia, histórica, estableció que una mujer violada podía practicarse un aborto sin temor a sufrir consecuencias jurídicas. Los médicos a cargo de la intervención, tampoco. Pero el fallo además exhortó a los gobiernos a implementar protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles.
Como consecuencia, 9 provincias adhirieron al protocolo nacional, 8 generaron protocolos propios y otras 7 no hicieron nada. En este último grupo se encuentra Mendoza, desde hace 6 años.
En el aspecto técnico del proyecto, el “grupo transversal” de legisladores que apura el protocolo del aborto no punible está trabajando en una versión propia para Mendoza. Es decir que no habrá una adhesión al protocolo nacional, que data de 2015.
Se promete una discusión amplia en torno a esta idea en el plenario de comisiones del Senado provincial. Después de ese debate, el proyecto quedará en condiciones de ser votado, porque cuenta con preferencia.
Algo así no ocurre en el recinto desde 2012, cuando la Cámara Alta, por 20 votos negativos contra 15 positivos, bajó una iniciativa similar que tenía sanción de Diputados.
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